En 2019, el Gobierno de Estados Unidos, bajo la primera presidencia de Donald Trump, ofreció, en negociaciones con Dinamarca, la adquisición de Groenlandia a cambio de Puerto Rico. La idea no venía de la nada: Trump solo estaba haciendo valer lo que ha sido una doctrina y política reiterada del gobierno estadounidense, que aparece en informes especiales de los grupos de trabajo encomendados por el presidente, los llamados Task Force, sobre el estatus de Puerto Rico. Al menos, es la política que sostenidamente ha enarbolado el gobierno federal, que se remonta al informe de 2005 y luego se reitera en los informes de 2007 y 2011, y que incluso el Departamento de Justicia sostiene en el Amicus Curiae del caso Sanchez Valle v. Puerto Rico (2016) resuelto y validado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
“The Federal Government may relinquish United States sovereignty by granting independence or ceding the territory to another nation (El Gobierno federal puede renunciar a la soberanía de Estados Unidos [sobre Puerto Rico] concediendo la independencia o cediendo el territorio a otra nación), se dice y repite el gobierno federal desde el informe de 2005.
Pero el problema en 2026, tras el acuerdo con Dinamarca, es otro: en realidad, la cuestión no es “vender”, ceder ni tener a Puerto Rico como una ficha de cambio en una transacción. Después de todo, Puerto Rico es tratado y definido jurídicamente desde 1901 como una propiedad, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos, con la opinión mayoritaria del juez Henry Billings Brown, en Downes v. Bidwell, quien también había escrito la opinión del Tribunal en Plessy v. Ferguson (1896) que legalizó la segregación racial en Estados Unidos, sostuvo que Puerto Rico “no es parte, pero pertenece” al gobierno federal. Sin duda, Puerto Rico no es una mera propiedad; es un pueblo-nación intrínsecamente caribeño y latinoamericano, con una larga historia de lucha por su soberanía y supervivencia, cuyo caduco modelo colonial le permite a Estados Unidos disponer de él como si fuera una cosa.
Hoy la pregunta que nos debemos hacer cambia radicalmente para ambos países, especialmente cuando el gobierno estadounidense ya ha mostrado interés en desprenderse del territorio: ¿Cuál es el interés nacional de Estados Unidos en mantener indefinidamente a Puerto Rico como colonia?
Sin embargo, en 2019, Trump pudo haber tenido, fundamentalmente, la transacción equivocada en su cabeza.
Ya no se trata de canjear Puerto Rico por Groenlandia, sino de cambiar significativamente la ecuación; especialmente para Estados Unidos: desistir de la intención deliberada de ceder el territorio para, en su lugar, establecer una transición ordenada hacia la independencia de Puerto Rico. Este cambio en la ecuación cubre el interés de ambas naciones: Puerto Rico gana su libertad, adquiriendo herramientas propias para enfrentar su grave crisis económica y existencial (Puerto Rico sin puertorriqueños); mientras que Estados Unidos establece conjuntamente con Puerto Rico un plan de transición que comience a atajar estructuralmente la dependencia económica del territorio y atienda la reconstrucción de la deteriorada infraestructura, la solución de la deuda, la terminación tanto de PROMESA como de la Junta de Control Fiscal y la puesta en marcha de de un proyecto nacional de desarrollo económico. Proceso que debería culminar con la convocatoria de una Asamblea Constituyente para elaborar el texto constitucional de la nueva república independiente.
En este sentido, la independencia de Puerto Rico puede plantearse no solo desde el derecho a la libre autodeterminación, sino también desde el interés de Estados Unidos en poner fin a la dependencia económica del territorio y a la sangría del presupuesto federal a manos de la corrupta élite política-colonial, a saber: el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático.
El particular interés en cortar la dependencia económica del territorio y la desconfianza política hacia las élites políticas coloniales son hoy también posturas reiteradas del gobierno federal: Washington expresa cada vez con mayor ahínco su desdén por la corrupción gubernamental y pondera más recortes de programas federales y la reducción del gasto destinado a la isla en materia de salud (Medicaid), educación y alimentación. Esta última tendencia amenaza con derivar en una crisis humanitaria sin precedentes al agravar la situación económica y social por la que atraviesa un país en el que cerca del 50% de su población vive bajo el nivel de pobreza, medio millón de menores sobreviven bajo dicho umbral, que sufre una inflación y reducción sostenida del poder de adquisitivo y la movilidad social, además, en el que el 51% de las familias no llega a cuadrar sus cuentas al final de cada mes.
TINA: There is No Alternative. Las tendencias actuales en la política estadounidense y en el mundo nos dejan con pocas alternativas y nos obligan a dar un golpe de timón o un cambio de ruta radical. Y ese cambio de ruta solo lo puede proveer el campo de lucha que representa la independencia y la soberanía para establecer un proyecto nacional de desarrollo y unirnos a la economía global.
¿Y qué nos dice sobre Puerto Rico el nuevo acuerdo con Dinamarca en torno a Groenlandia?
Dos cosas fundamentalmente:
- Groenlandia demuestra que el interés estratégico de Estados Unidos en otros territorios no equivale a su anexión. La protección de los intereses estratégicos y militares de Estados Unidos no requirió la anexión de Groenlandia ni la adquisición de la soberanía sobre su territorio. El reino de Dinamarca mantiene la soberanía.
- De modo que, para hacer valer sus intereses, Estados Unidos no tiene por qué mantener la soberanía territorial sobre Puerto Rico de forma indefinida. La relación territorial puede sustituirse por una relación entre soberanías, basada en tratados y acuerdos bilaterales.