Por César J. Pérez Lizasuain
Chávez no es Chávez. Chávez fue la punta del iceberg de una subjetividad política que comenzó a hacerse de un cuerpo multiforme el 27 de febrero de 1989 cuando miles de “expulsados” bajaron de sus colinas y de sus barrios llegando a ocupar el centro de Caracas para rechazar las reformas neoliberales impulsadas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez mientras que, al mismo tiempo, se marcaban las notas finales del llamado puntofijismo venezolano. A ese suceso se le conoce como el Caracazo y fue el evento que fundó una especie de secuencia histórica en Venezuela que posibilitó principalmente dos cosas: 1) la electrificación de las comunidades “marginadas” que se comenzaron a organizar autónomamente llevando a cabo experimentos alternativos de resistencia y participación democrática desde abajo; y 2) desde esa electrificación socio-política, se comienzó a combinar la lucha de los de abajo con la acción política para transformar radicalmente la institucionalidad venezolana desde arriba. Se trataba, en definitiva, del desarrollo de una subjetividad política capaz de fundar una nueva relación entre la comunidad y el Estado.
Luego de liderar un fallido golpe de estado en 1992, Chávez surgió como esa figura que logró articular el cúmulo de demandas que se generaron desde el Caracazo y se hace, por medio de una coalición de movimientos y partidos políticos, de la presidencia en 1998 con la promesa de refundar constitucionalmente al país teniendo como bujía aquella promesa olvidada del liberalismo político durante todo el siglo XX: la igualdad, la soberanía y el reconocimiento del Poder Popular como actor clave en la toma de decisiones. La nueva realidad política del país puso en marcha un ambicioso plan para atajar la profunda desigualdad social y la pobreza extrema. El Estado asumió un rol más protagónico en la regulación de las relaciones económicas de producción, nacionalizó los recursos energéticos como lo es el petróleo y se fundaron lo que se conoce como las “Misiones”. Las Misiones son proyectos que se articulan entre el Estado y las comunidades dirigidas a atajar los problemas más apremiantes de la sociedad venezolana. Por ejemplo, se encuentra la Misión Barrio Adentro que posibilitó que miles de comunidades de bajos recursos tuvieran acceso a servicios de salud integrados de forma permanente (muchos de estas comunidades nunca habían tenido acceso a la sanidad pública o privada). También se encuentra la Misión Vivienda fundada en el 2011 mediante la cual, con el esfuerzo conjunto de cientos de comunidades, ha permitido la construcción, hasta el momento, de más de un millón de viviendas para familias de escasos recursos; mientras que paralelamente el Estado ha respaldado la ocupación y recuperación de propiedades abandonadas para ponerlas al servicio de la comunidad.
Pero quizás el proyecto más radical e importante de la llamada Revolución Bolivariana se centra en lo que se conoce como las Comunas. Las Comunas son unidades autónomas que se organizan por comunidades y barrios cuya existencia se gestiona alrededor de la promoción de una democracia participativa y radical materializada en sus consejos locales (Consejos Comunales). Como bien sugiere el académico estadounidense George Ciccariello-Maher en su libro “Building The Commune: Radical Democracy In Venezuela”, la electrificación comunitaria, que se diera muy particularmente desde 1989, posibilitó la puesta en escena de formas radicalmente democráticas de organización desde las propias comunidades excluidas del poder político estatal bajo el régimen puntofijista. Chávez, aun siendo militar, reconoció esa nueva realidad sociológica y definió el horizonte del proyecto bolivariano. El proceso bolivariano debía dar con lo que el mismo Chávez llamó un “Estado Comunal” desde el cual crecientemente la soberanía, antes resguardada exclusivamente por los aparatos jurídicos del Estado, quedaría distribuida y ejercida desde de las Comunas. Hasta la fecha se han constituido miles de Comunas alrededor de todo el país con la autoridad para: 1) organizarse internamente; 2) tomar decisiones comunitarias legalmente vinculantes; 3) posicionarse como un poder paralelo a las Alcaldías y gobernaciones; 4) delimitar, expandir y administrar la llamada “propiedad social” al servicio de la comunidad por encima del interés privado; y 5) crear lo que se conoce como las Empresas de Propiedad Social. En definitiva, se trata de hacer valer una línea de fidelidad que va desde esa electrificación socio-política que se gesta en el Caracazo y se afianza institucionalmente desde 1998: un nuevo tipo de gobernanza entre Estado y comunidad. El rasgo distintivo de las Comunas es la capacidad de autogobernarse y de suplantar radicalmente la cultura hegemónica capitalista y de la propiedad privada por una ética-política de lo común.
Revisión, Rectificación y Reimpulso
Desde el referéndum constitucional de 2007, que el oficialismo pierde por un escaso margen, Hugo Chávez asume una abierta postura crítica del mismo proceso que lideraba desde el Estado. Desde entonces llamó a los diversos componentes institucionales y sociales de la Revolución Bolivariana a provocar un tipo de “golpe de timón” para radicalizar el proyecto y afianzar el poder de las Comunas. A este proceso autocrítico Chávez lo denominó como el proyecto de las tres R’s: Revisión, Rectificación y Reimpulso de la Revolución Bolivariana. En fin, se trataba de un llamado urgente a reconocer las fisuras, fallas y las promesas incumplidas del proceso bolivariano para enmendar y radicalizar el proyecto socialista en el país. Chávez tenía muy presente, justo antes de morir, que esa radicalización del proyecto se debe afianzar en el desarrollo cultural, político, económico y democrático de las Comunas. Tal era el peso que le otorgaba Chávez al poder Comunal que llegó a sentenciar antes de su desaparición física lo siguiente: “El problema es cultural. ¡Independencia o nada! ¡Comuna o nada!”.
El domingo 30 de julio de 2017, ante una profunda crisis política y económica, se vota y se apuesta por la refundación del país y la radicalización del proceso bolivariano mediante la creación de una Asamblea Constituyente. Para ello, conforme a ese llamado autocrítico de las tres R’s, la convocatoria al poder constituyente venezolano buscaría refundar la realidad constitucional del país tomando en consideración varios puntos claves. Entre ellos el elevar al rango constitucional más alto a los Consejos Comunales y las formas de democracia participativas puestas en vigor por éstos, afianzar la soberanía nacional frente a la injerencia imperial, que reconozca los nuevos valores plurinacionales y diversos que componen la actual sociedad venezolana, reconocer a la juventud como sujeto político y que llevar a rango constitucional la promoción de una necesaria ética ecológica que reconozca el cambio climático y los efectos adversos que ha provocado el capitalismo a la Pacha Mama.
Hoy las colinas bajan nuevamente. Los espera con espanto una derecha venezolana muy consciente de lo que significa un posible triunfo del pueblo constituyente: el ocaso de la sociedad capitalista y el devenir de una nueva subjetividad política que continúe hilvanando el espacio-tiempo de la democracia radical y de una vida post-capitalista.