[N]o basta que el proletariado luche objetivamente por los intereses de los otros sectores explotados. Su forma estatal ha de servir también para superar la apatía y fragmentación de estas capas, educándolas de nuevo, educándolas con vistas a la acción, con vistas a su autónoma participación en la vida del Estado. Una de las funciones más importantes del sistema de consejos es la de vincular entre sí todos aquellos elementos de la vida social que el capitalismo desgarra.
Georg Lukács
*Ponencia revisada y presentada el 19 de marzo de 2025 en el “Encuentro Internacional sobre la Relevancia de la Reforma Judicial Mexicana para América Latina”.
** El autor es sociólogo del derecho y Catedrático Auxiliar de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina.
1. Reforma Judicial y lucha de clases
La reforma judicial en el marco de la Cuarta Transformación (4T) ha sido presentada por sus críticos como un atentado contra la democracia, el Estado de derecho, la imparcialidad, independencia judicial; o, incluso, como un acto, según Luigi Ferrajoli, de analfabetismo institucional. Sin embargo, lo que está en juego no es la imparcialidad del poder judicial, sino la continuidad de un sistema que ha estado por mucho tiempo bajo el control de la élite política-económica en México.
La reforma no es un mejor ajuste tecnocrático, sino una disputa de fondo sobre quién controla la justicia y para quienes sirve. Si algo demuestra la inscripción de la lucha de clases en el seno de la reforma judicial, lo ha sido la controversia suscitada por uno de los aspectos más polémicos de la misma: la elección popular de jueces. Si bien este es solamente uno de varios elementos de la reforma, también es cierto que es el que más reacción y controversia ha generado por parte de sectores de la derecha (local e internacional; conservadora y liberal); demostrando que lo que realmente temen estos sectores no es la llamada “politización del poder judicial”, sino la pérdida del control que históricamente han ejercido sobre esa institución.
2. El Poder Judicial como Instrumento de “reeducación” en un Proceso de Transformación Política
El Derecho no es un ente autónomo o autopoiético, sino una formación social que canaliza materialmente las dinámicas de poder que emanan, en buena medida, de las relaciones de producción y la lucha de clases. El Poder Judicial ha sido, ante todo, la retaguardia y última línea de defensa de la “forma jurídica” y las desiguales relaciones propietarias en el capitalismo. Por ende, ha sido también un dispositivo de poder, disciplinamiento y subjetivación social que busca mantener el orden existente.
Sin embargo, a la luz de la 4T en México, nos debemos preguntar lo siguiente: ¿Qué papel podría jugar el Poder Judicial en el contexto de un proceso de transformación con sesgos, aunque contradictorios, claramente populares? Parafraseando a Michel Foucault, el campo que ocupa el poder judicial juega un papel fundamental en el procesamiento de nuestras subjetividades, ya que desde el mismo no solo se aplican normas, sino que también los tribunales de justicia participan en la construcción de regímenes de verdad; pues conforman un espacio estratégico donde se decide qué es verdadero o falso dentro de un bloque histórico concreto y sus correlaciones de fuerza.
El jurista de origen soviético, Evgeny Pashukanis (1936), sostenía que el poder judicial, insertado en la dinámica revolucionaria soviética, no solamente seguía siendo un aparato de dominación, sino que se convierte también en un instrumento de reeducación para toda la sociedad. Decía Pashukanis:
Las decisiones de nuestros tribunales soviéticos son un método para influir moralmente en aquellos que no están directamente involucrados en un determinado proceso judicial, es decir, en toda la sociedad. La tarea de socialización y reeducación está siendo llevada al primer plano. En la práctica, el tribunal es un organismo que utiliza la coerción y la represión; al mismo tiempo, actúa mediante la persuasión y la reeducación. La práctica de la aplicación del derecho socialista soviético es la de una lucha intensificada y la imposición de duros golpes a los remanentes de nuestros enemigos de clase. Nuestro tribunal es un organismo de la dictadura del proletariado. Por lo tanto, el tribunal tiene otra tarea: la reeducación.
La justicia no solo resuelve conflictos, también establece valores, normas, subjetividad y criterios estructurantes de la verdad. La democratización del Poder Judicial busca, a su vez, un cambio en el paradigma hermenéutico en el que históricamente se interpretan las contradicciones y conflictos sociales en México. Así lo ilustra Federico Anaya Gallardo, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
[H]emos ido descubriendo que los resultados de esa impartición de justicia no son óptimos, no nos benefician. Descubrimos con horror que el 90% de las resoluciones importantes de la Suprema Corte son en materia económica fiscal, es decir, solo los grandes empresarios que quieren evitar pagar muchos impuestos, pueden pagar abogados que con ese nivel de especialización en el lenguaje jurídico, puedan debatir, si les están violando su derecho a la igualdad fiscal.
En cambio, hay poquísimas resoluciones de la Suprema Corte en materia de derecho social, casi nada en materia de salud, muy pocas en materia ambiental. Y cuando una comunidad indígena, por ejemplo, logra llevar un asunto mediante amparo a la Suprema Corte, después de 12 o 15 años de litigio, la Suprema Corte resuelve nada más ese caso, y no termina de hacer precedentes y jurisprudencias fuertes respecto a estos problemas, es decir, que sean para todas las comunidades y que sean sustanciales sobre la defensa de sus derechos.
La lucha por instituir un nuevo paradigma hermenéutico – el de la justicia social – en el campo jurídico también encuentra su raíz material en una importante contradicción en el seno de la lucha de clases, como bien lo ha ilustrado Anaya Gallardo. En ese sentido, la lucha por reformar el poder judicial, sobre todo en un proceso de transformación social, está inscrito en una lucha más amplia que busca transformar la conciencia colectiva – ese régimen de verdad o sentido común – de una sociedad en proceso de transición.
3. La dimensión regional: reforma Judicial y lucha de clases en Nuestra América
El conflicto en torno a la reforma judicial en México no es un hecho aislado. En toda América Latina, el poder judicial ha sido utilizado como un instrumento para frenar procesos de transformaciones políticas desde el ámbito antiimperialista y socialista. El llamado lawfare o guerra jurídica ha sido uno de los fenómenos observados en años recientes que con mayor claridad demuestra esta realidad. Aunque ciertamente, habrá que aclarar que el lawfare no es meramente la utilización desvirtuada del Derecho o desviaciones excepcionales de este (en ese caso caeremos en el fetiche jurídico sobre su independencia o autonomía plena), sino que es y ha sido siempre una expresión clara de la lucha de clase de la burguesía. El estado de excepción, así como el lawfare, son fenómenos propios de lo jurídico y esenciales en cuanto su reproducción social.
Ahora bien, desde el punto de vista de Nuestra América, podríamos ver o evaluar algunas lecciones históricas que emanan de nuestras luchas y procesos de transformación recientes. Me refiero a la primera fase de la oleada de gobiernos progresistas o de izquierdas y al llamado Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano. Sin embargo, pasada esa primera fase, en algunos de estos casos, podemos observar las limitaciones y contradicciones que acompañan o acompañaron estos procesos; que pueden servir como un marco de retroalimentación al actual proceso de transformación institucional – aun dentro del limitado marco liberal – en la que se encuentra México.
Ciertamente, aquí me refiero a la tendencia reformista de muchos de estos procesos de transformación institucional que en la actualidad se han visto interrumpidos. Al respecto, Álvaro García Linera ha señalado que si bien esa primera ola de gobiernos de izquierda en América Latina logró avances significativos, también es cierto que “fue un error estratégico grave” pretender quedarse estancados en la premisa reformista de esa primera fase. “Si nos quedamos viviendo solo del pasado, queriendo repetirlo en contextos que han cambiado, nos desfasamos. Y así es como damos lugar a propuestas disruptivas de la derecha”, ha dicho el exvicepresidente de Bolivia.
Desde esta perspectiva, la reforma judicial en México, o en cualquier otro país de la región, solo puede consolidarse si se entiende como parte de un proceso más amplio y profundo de transformación. No basta con modificar la estructura del poder judicial si el sistema sigue resguardando las relaciones de producción capitalistas que le dierob origen a la contradicción principal en este caso: el poder judicial como bastión de las élites minoritarias en el país en menoscabo de la mayoría, entiéndase la clase trabajadora y clases populares. Si asumimos que la transformación del sistema-mundo capitalista – y sus formas sociales, como lo es la forma jurídica – puede lograrse mediante la instauración de nuevas constituciones o a través de una acumulación progresiva de reformas, corremos el riesgo de entrar en una espiral que, con el tiempo, socave los avances logrados en las primeras etapas de lucha y cambio institucional.
En este punto, es clave la crítica del jurista puertorriqueño Carlos Rivera Lugo, quien advierte que las formas jurídicas y estatales capitalistas están estructuralmente condicionadas por el interés privado y la lógica del mercado, lo que limita la posibilidad de que, a la larga, sirvan a un interés verdaderamente colectivo. Rivera Lugo destaca que tanto el Estado como el Derecho no son “una forma neutral sino que parcializada a favor de la reproducción continua del capital y sus relaciones de explotación y dominación”. Las formas sociales del capitalismo son estructurantes y establecen una contradicción importante entre las reformas y la necesidad de profundizar y radicalizar las mismas hacia formas sociales que vayan superando las viejas formas estructurantes y clasistas del capital.
La inclusión de la reforma judicial en la Constitución Mexicana y su puesta en práctica, desde la óptica de las experiencias recientes en Nuestra América, no se debe asumir como un “fin de la historia”; es decir, no cesan las contradicciones que le dieron origen a su propuesta y a la lucha política que finalmente logró su aprobación.
4. Reforma Judicial y el imperialismo estadounidense como contradicción principal en la coyuntura Latinoamericana
La reforma judicial en México ha suscitado reacciones significativas en el ámbito internacional, especialmente por parte de Estados Unidos. El pasado embajador estadounidense en México, Ken Salazar, expresó, antes de que abandonara su cargo en 2025, que la reforma propuesta podría “hacer más fácil que los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos”, calificándola como un “riesgo para la democracia” en México. También, desde diversos aparatos del injerencismo estadounidense, se promueve una biopolítica del miedo sobre el daño que pueda causar o el peligro que supuestamente representa la reforma en materia económica. Más concretamente en el supuesto que la reforma termine minando la confiabilidad del sistema judicial para hacer cumplir acuerdos internacionales, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Esta situación refleja una de las contradicciones principales en la coyuntura latinoamericana actual: la renovada Doctrina Monroe y las estrategias de injerencia que buscan mantener la hegemonía estadounidense en la región que se inscriben, como bien destaca el profesor de derecho internacional Luis Córdova Arellano, en el contexto de una guerra híbrida que “…incluye un uso intensivo de estrategias psicológicas, de allí el papel predominante de la tecnología, por ejemplo, las llamadas “fake news” (noticias falsas), que no son otra cosa que mentiras esparcidas (viralizadas) por cualquier medio de alcance masivo”. En este caso, una guerra híbrida enarbolada a dos tiempos complementarios y relacionados: aquella promovida por Estados Unidos y el imperialismo occidental; y la otra ejecutada por las oligarquías y élites económicas locales. El injerencismo estadounidense en México se da en momentos en que la pasada comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, ha declarado explícitamente que América Latina es una región de “interés estratégico” para Estados Unidos, debido a sus recursos naturales y su ubicación geopolítica. México, siendo la segunda economía más grande en Latinoamérica y poseedor de materias primas, juega un papel importante en el contexto de la guerra híbrida.
En este contexto, la reformas judiciales o cualquier proceso de transformación política, que busque democratizar las instituciones y reducir la corrupción son percibidas como amenazas al control hegemónico; y además, forma parte ya no solamente de la lucha de clases al interior del territorio mexicano, sino también responde a la dinámica de la lucha de clases en el ámbito regional y geopolítico cuya principal contradicción, de momento, lo es el renovado interés norteamericano en las materias primas y en la promoción del subdesarrollo, esquemas de dependencia y sobreexplotación en la región. Bajo estas premisas, la lucha de clases en México, patente en la reforma judicial, es parte de una dinámica más amplia de iniciativas en la América Latina que buscan enfrentar contradicciones tanto internas como externas: corrupción de las viejas élites e influencia del narcotráfico, por un lado, y la afirmación de la soberanía e independencia frente al injerencismo estadounidense en el contexto de la guerra híbrida.