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La única reforma legislativa posible es aquella que vaya respondiendo y que no ignore a las vivas experiencias y exigencias sociales; es aquella que comience a desarrollar efectivos mecanismos de inclusión, deliberación y la participación directa de los muchos en la toma de decisiones. En fin, no se trata de simplemente conformarse con una reforma cuantitativa, que vele por el mejor uso y eficacia de los fondos públicos utilizados por la asamblea legislativa; tampoco basta con que el legislador a tiempo completo se convierta en un “legislador ciudadano”. Una verdadera reforma legislativa deberá tomar en cuenta esa normatividad viva y reconocer que los legisladores de facto son el pueblo/multitud y las comunidades, promoviendo así los mecanismos necesarios para la inclusión y vinculación de estos sectores en la toma de decisiones: 1) tanto desde el aspecto local, otorgando competencia legislativa a la comunidad sobre sus asuntos comunitarios (valga recalcar la insuficiencia de los actuales mecanismos jurídicos como por ejemplo lo es la figura del fideicomiso); y 2) en el escenario nacional, garantizando una activa participación ciudadana en el proceso legislativo ordinario. En última instancia se trata de reconocer lo que de facto se comienza a cuajar en algunos sectores del país: la construcción alternativa de un Poder Popular.