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Obtuve mi bachillerato en Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. En el 2005 inicié estudios conducentes a la obtención de un Juris Doctor en la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos en Mayagüez, Puerto Rico. Realicé en el transcurso de 2008-2009 mi maestría en Sociología Jurídica en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica en el País Vasco. Posteriormente estuve laborando como profesor de Ciencias Políticas, Sociología y Derecho en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Aguadilla, y en la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos. En el 2011 comienzo sus estudios conducentes a la obtención de un grado de doctor en Sociología Jurídica en la Universidad de Milán, Italia.

Mi tesis de maestría fue un intento de pensar e interpretar los significados y narraciones producidas ante las movilizaciones de la Multitud puertorriqueña en la experiencia por expulsar la Marina de Guerra estadounidense de la isla de Vieques.

En la actualidad me concentro en estudiar fenómenos y experiencias sociales que considero fuentes normativas alternativas fuera de las lógicas propias de la forma-jurídica, del Estado y de todo el marco normativo neoliberal.

Del legislador ciudadano o de la democracia absoluta

La única reforma legislativa posible es aquella que vaya respondiendo y que no ignore a las vivas experiencias y exigencias sociales; es aquella que comience a desarrollar efectivos mecanismos de inclusión, deliberación y la participación directa de los muchos en la toma de decisiones. En fin, no se trata de simplemente conformarse con una reforma cuantitativa, que vele por el mejor uso y eficacia de los fondos públicos utilizados por la asamblea legislativa; tampoco basta con que el legislador a tiempo completo se convierta en un “legislador ciudadano”. Una verdadera reforma legislativa deberá tomar en cuenta esa normatividad viva y reconocer que los legisladores de facto son el pueblo/multitud y las comunidades, promoviendo así los mecanismos necesarios para la inclusión y vinculación de estos sectores en la toma de decisiones: 1) tanto desde el aspecto local, otorgando competencia legislativa a la comunidad sobre sus asuntos comunitarios (valga recalcar la insuficiencia de los actuales mecanismos jurídicos como por ejemplo lo es la figura del fideicomiso); y 2) en el escenario nacional, garantizando una activa participación ciudadana en el proceso legislativo ordinario. En última instancia se trata de reconocer lo que de facto se comienza a cuajar en algunos sectores del país: la construcción alternativa de un Poder Popular.

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Foto de Federico Parra / AFP

Venezuela: Entre proceso y transición

En el principio fue el grito, nos ha advertido el sociólogo John Holloway. Con ello recuerdo que el proceso bolivariano, que incluye la elección en 1998 de Hugo Chávez, es uno que tiene profundas raíces desde abajo y cuya compleja composición y trayectoria conformó una de sus manifestaciones más contundentes: el 27F, o el “evento” conocido como el Caracazo.

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