Acciones concertadas y política de cara al 2024

Tenemos que aceptar la realidad de la división, saber de qué lado estamos y luchar para fortalecer ese lado. No tenemos que convencer a todo el mundo. Más bien tenemos que convencer a un número suficiente de personas para llevar a cabo la lucha y ganar.

Jodi Dean

“El movimiento que puede manifestarse en las elecciones de 2024 tiene que construirse en 2023”, reza el editorial del 28 de diciembre de 2022 del periódico Claridad.

Y no le falta razón.

El editorial, desde mi punto de vista, enfatiza en los siguientes cuatro puntos: status y mecanismo procesal para la descolonización, búsqueda de consensos, la superación del bipartidismo y la concreción de acciones concertadas entre diversos sectores políticos de cara a las elecciones generales de 2024. En lo que resta del escrito, me concentraré en los últimos dos puntos.

El bipartidismo y su superación en el interregno actual

La superación del bipartidismo ha sido una de las principales consignas que aportó la campaña electoral de 2020 y que se repite sin cesar desde entonces. Sin embargo, la consigna se ha planteado de forma ahistórica, es decir, sin apego crítico a la historia reciente del país. Particularmente por dos razones: 1) No se enfatiza en la relación entre economía política y las formaciones subjetivas que sirvieron de zapata al llamado bipartidismo, tanto en su expresión estadolibrista como en la emergencia del anexionismo como fuerza política dominante (aunque nunca hegemónica); y 2) Porque el bipartidismo ha sido sociológicamente superado.

El bipartidismo en el fondo nace de un consenso (tácito o explícito), con profundas raíces materiales e históricas, que se adhiere a la fórmula de la unión permanente con los Estados Unidos; es decir, en última instancia el consenso era uno esencialmente colonial-capitalista. Claro está, como todo consenso, éste también nacía de una realidad material, a su vez  fracturada, producto de diversas fuerzas sociales, políticas y económicas que se reproducían tanto en la colonia, en la metrópoli, así como en el contexto internacional. Por un lado, la emergencia del PPD coincidió con un periodo de industrialización bajo un modelo que pretendía atraer diversas empresas extranjeras bajo la premisa de importantes beneficios contributivos; a este periodo, consecuentemente, le corresponde su determinado orden e imaginario social que representó, de modo muy general, el fenómeno muñocista (véase, por ejemplo, El arte de bregar de Arcadio Díaz Quiñonez) y el principio moral-económico del progreso; el “ELA es el progreso que se vive” decían. Por otro lado, el auge del anexionismo, y del PNP como partido de alternancia, coincide con el periodo de desindustrialización e intensificación en los patrones de dependencia económica y endeudamiento que al sol de hoy conocemos muy bien. Durante este periodo, Puerto Rico pierde sus ventajas competitivas en la medida en que se expanden los acuerdos de libre mercado. En este régimen de alternancia, que hoy llaman bipartidismo, el consenso colonialista se consolidó – no sin resistencia, por ejemplo del PSP y la lucha armada – y añadió un elemento complementario: el neoliberalismo como expresión postindustrial del capitalismo colonial en Puerto Rico. Así, se afianzaba en el país un renovado consenso alrededor de un tipo de neoliberalismo colonial.

Sobre el particular, hace algún tiempo publiqué en la revista Aternautas lo siguiente:

En un artículo de 1982 publicado en Foreign Affairs, el exgobernador de Puerto Rico Rafael Hernández Colón expresó su oposición a la propuesta de la administración Reagan de crear la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC). El exgobernador se quejó de la falta de competitividad que Puerto Rico tendría contra otros estados independientes porque “Puerto Rico debe aplicar las regulaciones económicas estadounidenses y en consecuencia no goza de ninguna de esas […] libertades” decía Hernández Colón. El exgobernador cierra el escrito afirmando que, sin embargo, la “relación del Estado Libre Asociado (ELA) [con EEUU] posee suficiente flexibilidad constitucional [énfasis mío]  para permitir que se hagan ajustes, permitiendo así que Puerto Rico se convierta en una fuente de estabilidad en la región”. Desde la perspectiva de Hernández Colón, lo que le falta al ELA no es necesariamente soberanía jurídica o nacional. Podríamos inferir que, en cambio, lo que necesitaba el ELA era desarrollar un nuevo modelo de desarrollo económico conforme al Consenso de Washington. Hernández Colón identificó, muy hábilmente, que el Consenso de Washington representaba una nueva forma de soberanía que ya no basaba su poder en el Estado-nación, sino dentro de las mismas fuerzas del libre mercado. Para él, el ELA (la relación colonial) posee suficiente flexibilidad constitucional para adaptar el neoliberalismo a las condiciones locales.

La imposición del neoliberalismo colonial ha significado la aplicación de medidas de austeridad, reducción del gasto público, endeudamiento y privatización de patrimonio nacional, corporaciones públicas y recursos naturales en los gobiernos colonial-neoliberales de Rafael Hernández Colón, Pedro Rosselló, Aníbal Acevedo Vilá, Luis Fortuño, Alejandro García Padilla y el último triunvirato del PNP (Rosselló, Vázquez y Pierluisi). Estos gobiernos intentaron renovar los votos colonialistas a través de diversos vectores neoliberales que supeditaron la vida puertorriqueña a la voluntad de la burguesía criolla, Wall Street y, finalmente, al Congreso de Estados Unidos (PROMESA y JCF). La formulación del neoliberalismo colonial ha representado, a simple vista, una intensificación feroz de la violencia colonial que se materializa en la precarización de todos los órdenes sociales de la vida puertorriqueña; especialmente a manos de dos instituciones extranjeras y racistas como lo son el Congreso y Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Tampoco hay que perder de vista que entre los factores históricos y materiales que componen ese consenso colonialista también se suman las operaciones de la inteligencia estadounidense que no solo se limitaron a reprimir al independentismo violenta y físicamente, sino que intervinieron directamente en el devenir político de la colonia con operaciones en movimientos sociales (COINTELPRO), espionaje (Carpetas) y mediante la financiación de partidos políticos. La intervención del poder administrativo (Estados Unidos), incluso a través de la CIA, buscaba precisamente afianzar y consolidar el consenso colonialista para proteger los mecanismos de acumulación colonial-capitalistas: explotación de mano de obra barata, incentivos contributivos a empresas estadounidenses y extracción de riquezas y recursos en el archipiélago. Sobre el particular véase la ponencia que ofreció en 1975 Florencio Merced, portavoz del Partido Socialista Puertorriqueño (PSP) en ese momento, en la Conference on the CIA and World Peace llevada a cabo la Universidad de Yale y en la que detalla el financiamiento de la CIA al Partido Popular Democrático (también pueden ver la ponencia transcrita y publicada en el libro Uncloaking the CIA (1978), editado por Howard Frazier).

Por lo tanto, el consenso bipartita del 68′ tiene que ser entendido en el marco histórico y normativo de la colonia pues es el resultado de las dinámicas económico-políticas entre metrópoli y territorio; que incluyen, ciertamente, la intervención y estrategias de control que empleó (y sigue empleando) el gobierno estadounidense en la política local. Urge romper con aquellos discursos que definen al bipartidismo como un problema esencialmente cultural que hemos heredado orgánicamente de nuestras familias. Al final de cuentas, este enfoque elude la principal contradicción en nuestro país, la colonial-capitalista, y promueve un entendimiento incompleto, o tremendamente falaz, alrededor del llamado bipartidismo. Si no comenzamos a apalabrar esa carencia discursiva y metodológica para entender política e históricamente el bipartidismo, corremos el riesgo de regenerarlo con nuevos rostros e instituciones. En el bullpen, por el momento, tenemos impacientemente esperando a dos candidatos para consolidar un nuevo consenso o contrato colonialista: Proyecto Dignidad (PD) y el partido político Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). Este último fue apoyado económicamente en 2020 por un poderoso actor político estadounidense.

Sin embargo, se podría decir que ese régimen de alternancia entre el PPD y PNP hoy día se encuentra sociológicamente muerto y sin poder real – es decir, sin poder social – que reclamar. Por “sociológico” me refiero a una decadencia que se puede observar y medir en diversos factores: pérdida masiva de apoyo electoral, pérdida en su poder de convocatoria, una desgastada imagen ante la opinión pública, etc. Ciertamente, en su decadencia ha dejado un vacío, una crisis, un interregno como lo llamaría Gramsci: nadie, al sol de hoy en la colonia, puede reclamar hegemonía. El país atraviesa por una crisis orgánica de lo político (y no solo de la política). Afirma Gramsci que durante este tipo de crisis:

Los viejos dirigentes intelectuales y morales de la sociedad sienten que pierden terreno bajo los pies, se dan cuenta de que sus «sermones» se están reduciendo precisamente a «sermones», a cosas ajenas a la realidad, a pura forma sin contenido, a larva sin espíritu; a eso se deben su desesperación y sus tendencias reaccionarias y conservadoras; como la forma particular de civilización, de cultura, de moralidad que ellos han representado está descomponiéndose, ellos proclaman la muerte de toda civilización, de toda cultura, de toda moralidad, y piden al Estado que tome medidas represivas, y se constituyen en grupo de resistencia apartado del proceso histórico real, aumentando así la duración de la crisis porque el ocaso de un modo de vivir y de pensar no puede realizarse sin crisis.

Tanto el PNP como el PPD se encuentran en esta etapa de crisis que describe Gramsci. Sus “sermones” no encuentran receptores y apego a la realidad puertorriqueña. Mientras que, al mismo tiempo, ambos se han plegado al uso del poder estatal para complacer al sector financiero (local y estadounidense) con la imposición de políticas neoliberales a la vez que reprimen los intentos de diversos sectores sociales y políticos que buscan un radical cambio de rumbo en el país. Prueba de ello son la condescendencia que muestran para con la JCF, legislación como la Reforma Laboral de 2017 y la creciente represión a variadas manifestaciones políticas (marchas, verano de 2019, campamentos para proteger recursos naturales, entre otros). O incluso como lo demuestra la disposición en el Código Electoral que prohíbe coligaciones políticas y que busca proteger al régimen colonialista del 68′.

Claro está, en el actual interregno, mientras lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer, el binomio colonialista del PPD y PNP ha podido, y quizás pueda en el futuro inmediato, ganar elecciones mientras no se consolide un nuevo sentido común anticolonialista; acompañado de acciones concertadas y un acuerdo político entre diversas fuerzas sociales para lograrlo. Esta realidad actual y momentánea – la crisis del régimen del 68’- no debe quedar al azar ni a los importantes destellos de espontaneidad a lo verano de 2019. Como sugiere Fanon: la espontaneidad es un elemento importante en las primeras etapas de liberación y transformación radical por las que atraviesa una nación colonizada, pero no es suficiente. En lo sucesivo serán necesarias que se adopten nuevas estrategias organizativas y políticas para debilitar al adversario y avanzar. La superación del régimen bipartita y colonialista del 68’ está en el interés del independentismo y de toda la nación puertorriqueña.

Acciones concertadas vs. alianzas

Luego de las elecciones generales de 2020 publiqué en la revista 80 Grados lo siguiente:

No hay que olvidar que el evento más significativo en estas elecciones ha sido el avance exponencial del independentismo […] encarnado en las candidaturas del PIP, especialmente las de Juan Dalmau, María de Lourdes Santiago y Denis Márquez.

No es de extrañar que el independentismo progresista haya sido la única fuerza social y política que experimentó un real aumento tras las últimas elecciones (600% respecto a la elección anterior). En el fondo creo que éste ha sido reconocido por buena parte del electorado como el único sector en el campo político capaz de pegar un buen golpe de timón en la dirección que lleva el país. 

Y añadí:

En este caso y a partir de estos resultados, toca precisamente hilar y construir ese Lenguaje y acervo político que de cara al futuro haga frente a las políticas colonial-neoliberales de ajustes, privatizaciones, recortes, austeridad y aquellas derivadas de la ilegal deuda y Junta Fiscal (todas éstas predicadas y hechas a imagen y semejanza de Washington y Wall Street). Esa política nueva, necesariamente soberanista e interseccional (pues además es antirracista, feminista y cosmopolita), deberá ir amarrada a un renovado sentido sobre la libertad y la democracia que, como tarea urgente, se proponga refundar al país.

Para decirlo sin amague: el resultado de las últimas elecciones posicionan al Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y su candidato Juan Dalmau, como único contendor viable para disputar la gobernación al régimen bipartita y colonialista del 68’. Son varios los factores que podrían contribuir a ese resultado. Me limito a mencionar cinco elementos parciales: 1) El evidente desgaste de ambos partidos tras varias décadas sostenidas en que se ventilan casos de corrupción; 2) Su docilidad ante los designios de Washington que van desde la federalización de recursos vitales como el agua (hoy comenzamos a enfrentar problemas de abastecimiento), la imposibilidad para conformar tratados internacionales, la aprobación de las leyes 20 y 22 que promueven una política contributiva que beneficia a estadounidenses con mayor capacidad adquisitiva que la del puertorriqueño promedio, el endurecimiento de las leyes de cabotaje (incluso en momentos de emergencia) y, por último, la suspensión expedita de la Constitución de Puerto Rico mediante una ley federal (PROMESA) que impone una penalidad vitalicia a los puertorriqueños: el pago de una deuda ilegal y usurera que se paga al son de una austeridad socializada entre la clase trabajadora y clases populares puertorriqueñas; 3) Tras la pérdida de la competitivad económica que menciono arriba, las transformaciones en los procesos de acumulación de riqueza y explotación del trabajo en el territorio (y con ello cambios en los patrones de consumo, división del trabajo en general, división sexual del trabajo, reducción en la movilidad social, entre otros) han contribuido a la formación de un nuevo imaginario social; 4) Ante la crisis que han causado las reformas neoliberales, la intensificación de la violencia colonial tras la imposición de PROMESA y los efectos nocivos ocasionados por el colonialismo de asentamiento provocados por las leyes 20 y 22, una parte del electorado podría ver al liderato del PIP, y su proyecto de Patria Nueva, como una respuesta out of the box para enfrentar la crisis política y económica que inició en 2006; y 5) Como acumulación de los primeros cuatro factores, ha crecido un sentimiento evidentemente nacional que va identificando la condición maniquea  – me remito nuevamente a Fanon – de la colonia y que enfrenta a colonizadores vs. colonizados. 

Los primeros tres elementos nos llevan a una conclusión clara: el bipartidismo del 68’ ya no apela ni responde al imaginario social y formas de vida contemporáneas. Ambas agrupaciones responden a viejas necesidades del capitalismo colonial en el país. El cuarto y quinto elemento corresponden, desde mi punto de vista, a dos factores: 1) Primero, a la constancia histórica y firmeza moral, no solo del PIP, sino de todo el independentismo puertorriqueño; y 2) La reinvención de Juan Dalmau en 2020 como figura de alcance nacional con capacidad para apelar no solo a sectores ideológicos no afiliados al independentismo, sino también a otras capas y clases sociales subalternas; ello incluye a importantes sectores religiosos. Este elemento es vital, pues es el que diferencia el proyecto de Patria Nueva y el PIP del resto de los partidos políticos, incluyendo los emergentes como Proyecto Dignidad y MVC. 

Lo cierto es que al sol de hoy el resto del organigrama partidista en la Isla se enfrenta a serias dificultades para seleccionar los candidatos que van a figurar en la papeleta estatal. Aunque en el caso de los emergentes, las dificultades de PD podrían quedar subsanadas por el nivel militante de sus estructuras organizativas ancladas en las iglesias evangélicas, pentecostales y en las llamadas Comunidades con Base de Fe. Mientras que MVC no cuenta con la organización del primero, no apela al electorado puertorriqueño más allá del área metropolitana y no cuenta con dirigentes que apelen a clases populares; sobre todo, luego de que la empresaria neoliberal Alexandra Lúgaro dejara al partido para irse a trabajar con Jon Borschow.

Para retomar el editorial de Claridad citado arriba, sin duda urge el llamado a concertar fuerzas para dar un golpe de timón a la dirección que lleva el país. Ahora bien, ¿es lo mismo una acción concertada y una alianza? En realidad se trata de un juego semántico que al principio puede parecer banal pero que ayuda a entender el juego político que se cuece tras bastidores. El planteamiento de una alianza política se comienza a plantear a principios de 2022 como un operativo mediático de satélites o figuras asociadas a MVC. Este partido, que empleó en 2020 la vieja retórica bipartidista del voto útil ante el aumento de la popularidad e intención de voto que experimentaba la figura de Dalmau, se concibe a sí mismo como la tercera fuerza política en el país y como única alternativa viable para ser el centro de dicha alianza. Para convertirse en el centro de esa alianza post-ideológica, MVC empleó y sigue empleando el viejo eslogan del PPD cuando remacha una y otra vez de que el status no está en issue. Seguramente algunos ripostarán con la Agenda Urgente y el planteamiento que hace el MVC en cuanto a la descolonización del país. Lo cierto es que MVC ha empleado públicamente más tiempo defendiendo y tratando de restituir la legitimidad de la estadidad como opción descolonizadora que denunciando la intensificación de la violencia colonial por parte del Gobierno de Estados Unidos, particularmente a manos del Partido Demócrata (de quien, deberíamos preguntar, si MVC debe lealtad política por el financiamiento que recibió en 2020 desde una entidad privada afiliada a ese partido).

Por su parte, Rubén Berríos Martínez aprovechó la tarima del Festival Claridad en abril de 2022 para reaccionar al planteamiento de alianza lanzado mediáticamente por MVC. Como era de esperar Berríos reconoce muy hábilmente la relación de fuerzas, la importancia del lenguaje que se quiere imponer y el riesgo legal de invalidar una posible victoria de Dalmau en las próximas elecciones. En su discurso, y consecuentes apariciones públicas, Berríos hace énfasis en lo que él ha llamado acciones concertadas: “Y, por supuesto, queda abierta la posibilidad de acción concertada con otras organizaciones y sectores que tengan como objetivo acabar con el nefasto bipartidismo que padece Puerto Rico y que estén, además, comprometidos con un verdadero proceso de descolonización” dice Berríos en el mencionado festival. 

Dos factores importantes: la lucha por determinar el lenguaje y la prohibición legal en Puerto Rico para formalizar alianzas y coligaciones políticas. Ambas están muy relacionadas pero la última es vital. Más allá del ruido mediático en estos momentos no hay posibilidad alguna de avanzar legislación o una acción judicial que deshaga la mencionada prohibición. En el aspecto político no se cuenta con la mayoría legislativa para ello; y en el aspecto judicial se suman varios elementos: 1) No hay un caso maduro (por el momento); y 2) Asumiendo que los tribunales locales asuman jurisdicción, y de llegar el caso al Tribunal Supremo de Puerto Rico, a éste le sería muy fácil validar la prohibición en el Código Electoral por dos razones: porque el Tribunal está compuesto en su totalidad por jueces que responden al régimen del 68’; y porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió en Timmons v. Twin Cities (1997), con una opinión tremendamente vaga del conservador William Rehnquist, validar que una ley del estado de Minnesota que prohíbe la coligación entre partidos no viola la Primera y Decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Como cuestión de hecho, considero la decisión como una crasa violación a la libertad de expresión y asocación consignadas en la Constitución de Puerto Rico. Pero este es el escenario que hasta ahora tenemos ante nosotros.

La acción concertada y el entendido político

Como se ha visto hasta aquí, incluso las acciones concertadas y consensos mínimos entre varias agrupaciones políticas se dan, o dejan de dar, a partir de relaciones de fuerza y luchas de poder entre ellas (lo que no quita que pueda haber buena fe entre las partes envueltas). El pasado domingo 22 de enero el Comité Central del PIP aprobó unánimemente permitir a sus líderes entablar diálogos con otros sectores y agrupaciones políticas con el fin de “lograr acuerdos estratégicos y acciones concertadas de cara a las elecciones del 2024”.